Wilfredo Pérez, cofundador de PropPilot.ai, valora positivamente que España avance en la adaptación del Reglamento europeo de IA y plantea cuatro vectores —coherencia, claridad, proporcionalidad y previsibilidad— en los que la tramitación parlamentaria puede afinar el texto para acompañar mejor a las startups y pymes tecnológicas españolas
El Consejo de Ministros aprobó recientemente el Proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, la norma con la que España adapta el Reglamento Europeo de IA a su ordenamiento jurídico. Para Wilfredo Pérez, cofundador de PropPilot.ai, plataforma de inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario, la iniciativa supone un paso importante para aportar seguridad jurídica a empresas y ciudadanos, aunque considera que la tramitación parlamentaria ofrece margen para perfeccionar algunos aspectos clave.
«España necesita un marco regulatorio claro para la IA. Cuanto antes exista, antes podrán las empresas innovar con mayor seguridad. Ahora existe la oportunidad de afinar el texto para que también contribuya a fortalecer la competitividad del ecosistema tecnológico«, señala Pérez.
Uno de los aspectos que considera relevante es garantizar una mayor coherencia entre las obligaciones que asumen las administraciones públicas y las exigidas al sector privado. Según explica, la confianza ciudadana en la inteligencia artificial se fortalecerá si tanto organismos públicos como empresas operan bajo estándares homogéneos de transparencia, supervisión humana y documentación.
Otro de los retos identificados es la gobernanza. El proyecto establece un sistema de supervisión liderado por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), junto a distintos organismos sectoriales. Para Pérez, resulta fundamental que las empresas dispongan de mecanismos claros de coordinación y una interlocución sencilla para resolver dudas regulatorias.
«Las startups necesitan saber a qué organismo dirigirse, qué criterios se aplican y en qué plazos obtendrán respuesta. La claridad institucional es tan importante como la propia regulación«, afirma.
Respecto a la posibilidad de presentar denuncias anónimas por posibles incumplimientos, Pérez considera que se trata de una herramienta legítima para reforzar la supervisión, pero defiende que incorpore salvaguardas que eviten usos abusivos o denuncias carentes de fundamento que puedan generar costes desproporcionados para pequeñas empresas en fases tempranas de crecimiento.
Por último, destaca la importancia de acompañar al ecosistema emprendedor con medidas prácticas. España cuenta ya con cerca de 400 startups especializadas en inteligencia artificial y una creciente capacidad de atracción de inversión. En su opinión, el verdadero elemento diferencial no estará únicamente en las obligaciones regulatorias, sino en la capacidad de ofrecer apoyo operativo a las empresas.
«Plantillas estandarizadas, guías sectoriales, asistencia técnica, entornos de pruebas ágiles y plazos predecibles pueden marcar la diferencia entre una regulación que frena la innovación y una que la acelera«, explica.
Pérez subraya que la regulación de la IA es necesaria para prevenir riesgos asociados a usos indebidos de esta tecnología. Sin embargo, considera que España tiene una oportunidad única para posicionarse como uno de los países europeos más atractivos para desarrollar soluciones de inteligencia artificial fiables y responsables.
«Si durante la tramitación parlamentaria reforzamos la coherencia, la claridad, la proporcionalidad y la previsibilidad institucional, España no solo cumplirá con Europa: podrá convertirse en un referente para la innovación en inteligencia artificial y en un destino preferente para las empresas que quieran construir tecnología confiable«, concluye.
